Migración en la Frontera Norte.

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Migración en la Frontera Norte.

José A. Moreno Mena

LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS EN EL PAÍS RECEPTOR.

     Sin lugar a dudas, en los últimos años, la política migratoria de los Estados Unidos se ha venido endureciendo, de tal forma, que ha dado pie a que en algunos estados de la Unión Americana surjan propuestas legislativas tendientes a restringir la entrada de migrantes y los derechos de quienes ya están radicando en E.U. La más famosa fue la propuesta "save our state", mejor conocida como "Ley 187", del gobernador de California, Pete Wilson. En el ámbito federal ha sido la Operación Guardián, implementada en octubre de1994 y que ya va en su tercera fase de aplicación, la que más dramatismo ha traído a nuestros connacionales. La concepción del fenómeno migratorio como un problema de carácter policíaco, fundamentada en la "legalidad" de las personas que realizan el cruce, se ha impuesto.

La frontera norte se ha convertido en un espacio militarizado para establecer un máximo de control y evitar la entrada de los que ellos llaman "aliens", al mismo tiempo que se lleva a cabo una campaña de deportaciones forzadas y se utilizan todas las artimañas legales que existen en el momento o que se improvisan y se crean con ese fin.

Algunos autores hablan, incluso, de que estas estrategias antimigratorias podrían equipararse con las usadas por el ejército norteamericano en algunos países centroamericanos, conocidas como Guerra de Baja Intensidad.

Las autoridades encargadas de la vigilancia, Servicio de Inmigración y Naturalización norteamericano, SIN, ha duplicado y triplicado su personal y, al mismo tiempo, el ejército de Estados Unidos ha participado en determinadas acciones, como el fortalecimiento de la cerca que, en esta región fronteriza, pudiera asemejarse al muro de Berlín, porque la han tecnificado y convertido en un obstáculo infranqueable contra personas extranjeras consideradas enemigas.

A la par con la operación Guardián en la zona fronteriza de Baja California-California, en otros estados norteamericanos también se implementaron programas similares, como parte de una estrategia nacional denominada Plan Estratégico de Control Fronterizo. Tal es el caso de la operación Hold the line en El Paso; Gulf Sweep, CEN-TEX y July Jobs, en el estado de Texas; South Paw (Proyect American Workers) en Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Missisipi y Tennesse11 .

En la región del Río Bravo, la política que han seguido las autoridades norteamericanas para controlar la entrada indocumentada de los trabajadores migrantes ha sido la de "sellamiento" de las fronteras, lo cual ha obligado a un alto porcentaje de trabajadores migratorios a intentar cruzar por sitios cada vez más peligrosos e inhóspitos.


Cuadro número 1. Deportaciones en el primer semestre de 1999 por Baja California.

Fuente: Delegación Regional del Instituto Nacional de Migración, Baja California, 1999. *Datos no disponibles

     Las políticas antimigratorias no han logrado detener la migración, como se ha comprobado en múltiples estudios y como muestran las estadísticas de deportación del propio SIN y confirman las delegaciones del Instituto Nacional de Migración. El año pasado fueron detenidos 1.099,647 indocumentados y, en la primera mitad de 1999, hasta junio 30, van ya 693,443 detenciones (ver cuadro número 2). Según California Rural Legal Assistence, el número de personas deportadas durante los últimos cinco años, ha permanecido sin muchas variaciones. La patrulla fronteriza ha logrado bajar solamente del 1 al 2% de las detenciones.


Cuadro número 2, Comparativo. Deportaciones totales de enero a junio 1998-1999.

Fuente: Sin fronteras, con datos del INM, 1999.

     Para darnos una idea de la magnitud de las deportaciones, simplemente en este primer semestre, se han efectuado, por la zona de Baja California, casi 250,000. En el sector de MacAllen, zona de Tamaulipas, las deportaciones en 1990, sumaron 82,722 y, en los primeros 10 meses del año fiscal de 1999, (septiembre de 1998 a junio de 1999) los detenidos suman 133 mil.

POLÍTICAS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS MIGRANTES, EN RELACIÓN CON LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y SUS FAMILIARES, Y CON LOS ACUERDOS Y MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO FIRMADOS POR LOS GOBIERNOS EN LO CONCERNIENTE A LA PROTECCIÓN CONSULAR Y A LA OBSERVACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES.

     Durante los últimos años, ante la gravedad de la situación de los trabajadores migratorios y, sobre todo, ante la fuerte presión de una sector de la sociedad organizada, que ha estado demandando medidas tendientes a la protección de los derechos humanos de los migrantes, los gobiernos mexicano y estadounidense han hecho intentos para establecer mecanismos que vayan en ese sentido.

Así, en abril de 1997, el representante del gobierno mexicano ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Antonio de Icaza, propuso en su 53 período ordinario de sesiones, una iniciativa para establecer un Grupo de Trabajo, integrado por cinco expertos intergubernamentales con el propósito de identificar los obstáculos existentes y elaborar recomendaciones para fortalecer la promoción, la protección y el respeto de los derechos humanos de los migrantes en todo el mundo, con una visión integral y de largo plazo, de conformidad con la Declaración de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales en la materia.

Por consenso, el principal órgano especializado con que cuenta la comunidad internacional para promover los derechos humanos en el mundo, aprobó la iniciativa.

Después, aprovechando la reunión entre los presidentes de México y Estados Unidos, ambos presidentes emitieron una declaración conjunta en materia de protección de trabajadores migrantes el 6 de mayo de 1997.

En esa declaración, los gobiernos se comprometen a respetar el Memorándum de Entendimiento sobre Protección Consular de Nacionales de México y de los Estados Unidos, suscrito el 7 de mayo de 1996, y en especial a respetar los derechos humanos de todos los migrantes. Asimismo, se comprometen a partir de una visión integral de la administración del fenómeno migratorio, que convierta las diferencias entre ambas naciones en fuentes de fortaleza, para que conduzca a un desarrollo económico y social, en beneficio mutuo, que preserve la reunificación familiar y proteja la dignidad del ser humano.

En el documento se da prioridad a los siguientes objetivos: fomentar actividades de planeación estratégica orientadas a la formulación de nuevos enfoques integrales para el desarrollo económico, social, cultural y del medio ambiente, en beneficio mutuo de las comunidades fronterizas.


     Apoyar y ampliar asociaciones públicas y privadas en el desarrollo de actividades transfronterizas que persigan intereses compartidos en ambos lados de la frontera.

Intensificar el diálogo sobre mecanismos de financiamiento para promover e instrumentar proyectos de desarrollo transfronterizo.

Ensayar nuevas vías para formular proyectos de infraestructura y de desarrollo comunitario que dignifiquen las medidas orientadas a la seguridad pública en las ciudades fronterizas.

Explorar, de conformidad con las leyes de cada nación, nuevos enfoques para la administración de los cruces temporales entre comunidades de la frontera, a partir del reconocimiento de los beneficios económicos, sociales y familiares derivados del intenso intercambio transfronterizo.

Explorar vías para fortalecer los mecanismos y foros de consulta y cooperación que los dos gobiernos han establecido, en el ámbito nacional y local, en materia migratoria y de protección consular.

Proteger los derechos de los migrantes e impulsar enérgicamente la procuración de justicia en casos de denuncias de acciones ilegales por parte de los migrantes y las comunidades fronterizas, así como respetar tanto las garantías constitucionales como el derecho al debido proceso legal en la aplicación de leyes de migración.

Asegurar la instrumentación de procedimientos seguros y ordenados para la repatriación de migrantes.

Formular y aplicar nuevas medidas para reducir la violencia a lo largo de la frontera y proteger de los peligros de cruzar terrenos desérticos y montañosos a víctimas de los traficantes que incluya, entre otras acciones, una vigorosa campaña de educación e información pública que advierta a las familias, en ambos lados de la frontera, de los riesgos del cruce por esas zonas.

     Combatir el tráfico de migrantes y la falsificación de documentos y, con ese propósito, desarrollar mecanismos eficaces de intercambio de información y cooperación, con pleno respeto de cada país.

Lograr un enfoque integral de la migración entre los dos países, a través de estudios científicos, producto de la cooperación, que contribuya a un entendimiento bilateral de este fenómeno.

Como resultado de los encuentros y memorandos, se establecieron algunos acuerdos, como el denominado "procedimientos para la repatriación segura y ordenada de nacionales mexicanos", en diciembre de 1997. En ese documento se actualizaron los lugares y procedimientos para la repatriación digna, segura y ordenada de los trabajadores migratorios indocumentados.

Entre esos ordenamientos, se establecen tiempos de aviso, previo a la deportación, de cantidades de migrantes deportados y registro del evento. También se menciona que las personas que hayan cumplido alguna pena legal serán repatriadas por separado. Así se hará también con los menores que están en la misma situación. Las mujeres embarazadas y con discapacidad también formarán parte de los casos especiales, separados. Algo muy importante es la verificación del estado de salud y que no regresen migrantes maltratados o golpeados. También se tratará de evitar la separación de los miembros de una misma familia.

Finalmente, se establece que los menores de edad, no acompañados por un adulto, serán entregados exclusivamente en los horarios y lugares convenidos y con la invariable intervención del respectivo Consulado de México.

También, como resultado del Memorándum, surgió una iniciativa del Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos y de las autoridades mexicanas, denominada "Iniciativa de seguridad pública para toda la frontera", que fue discutida en la comisión binacional que integra a representantes de los gobiernos locales y de las instituciones de migración de ambos países. El principio central del documento es hacer una frontera más segura para los migrantes y para los oficiales de la ley. La iniciativa contempla tres ejes fundamentales: prevención, búsqueda y rescate-identificación de los migrantes.

Se identifican áreas prioritarias en las zonas de cruce, como las regiones desérticas, los lugares donde existan canales o ríos caudalosos. En esos lugares se deberán poner señalamientos y luces en los canales, se usará tecnología preventiva, se localizarán en mapas los puntos más peligrosos, se ofrecerán recompensas para detener a polleros y habrá coordinación entre ambas autoridades para prevenir accidentes.

Otros aspectos que contempla la iniciativa son la búsqueda y el rescate de trabajadores indocumentados en las zonas de mayor riesgo. Para ello se realizarían operaciones especiales. Las policías serían dotadas de servicios de emergencia médica, de rescate y de agua. Todos los vehículos que vigilan el desierto serían dotados de agua suficiente. Se incluye la posibilidad de un teléfono gratuito para reportar casos de personas perdidas en los desiertos.

     La iniciativa previene que se establezcan procedimientos y recursos para ayudar a oficiales a identificar a las personas que hayan fallecido al intentar cruzar la frontera y que se cuente con la cooperación con las autoridades mexicanas para notificar a sus familias.

Todas estas medidas casi siempre resultan sólo buenos propósitos porque, en la práctica, las autoridades de ambos países violan sus propios acuerdos. Así lo han constatado los grupos civiles que mantienen una vigilancia permanente del fenómeno migratorio en la frontera.

Los operativos de salvamento han sido espectaculares para la prensa sensacionalista de Estados Unidos, pero poco efectivos para el vasto número de trabajadores migratorios que cruzan por las zonas peligrosas.

En los monitoreos efectuados por las organizaciones no lucrativas, se ha podido constatar el incumplimiento de los acuerdos. Los vehículos de persecución de indocumentados no llevan agua ni los elementos de primeros auxilios.

De igual manera se ha comprobado que la "deportación digna, ordenada y segura" tampoco se ha llevado a cabo, conforme con los acuerdos. Continúan presentándose casos de mujeres deportadas en altas horas de la noche, siguen llegando camiones con expresidiarios junto con migrantes deportados. Algunos niños son deportados sin la presencia de un adulto que lo acompañe y, lo que es peor, se siguen realizando deportaciones de personas que vienen con algún problema de salud o que fueron golpeadas, maltratadas e incluso baleadas, sin que se haga ningún reporte especial a los consulados mexicanos.

Eso a dado motivo para que las organizaciones no gubernamentales realicen una serie de acciones de denuncia para que se respeten los acuerdos entre los dos países y sobre todo, se asegure la protección y defensa de los migrantes. Prácticamente se puede afirmar que las ONG, que luchan por los derechos de los migrantes, constituyen los únicos canales de expresión de esa masa de población que pretende buscar mejores condiciones de vida en Estados Unidos.

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