Migración en la Frontera Norte.

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Migración en la Frontera Norte.

José A. Moreno Mena

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS:
POR LAS POLÍTICAS Y LEYES MIGRATORIAS.

     A partir de la puesta en marcha de la Operación Guardián en la región más importante de cruce migratorio, han muerto 405 indocumentados mexicanos hasta el día 15 del mes de julio de 1999. En lo que va de 1999 han muerto 5912 . Sin embargo, los registros no contemplan a 10 centroamericanos ni a 7 mexicanos que perecieron en la segunda quincena de julio, ni a otros que murieron en los meses de agosto y principios de septiembre. Para estas fechas la cuenta puede ser ya de 436 indocumentados muertos13 . Según datos del Grupo de Apoyo al Migrante, en lo que va del año ya van 82 muertes, 17 en la zona de San Diego y 65 en la zona del Valle Imperial.

Cuadro número 3. Indocumentados muertos en la Región Fronteriza de Baja California. Periodo 1995- a julio de 1999.

Fuente: Hasta el 15 de julio de 1999. Claudia Smith, de California Rural Legal Assistence, con datos del Consulado mexicano en San Diego, Ca.
Nota: No se incluyen 10 indocumentados centroamericanos y sudamericanos muertos.
No se incluyen 7 indocumentados muertos en la última semana de julio.

     La causa principal de muerte de los trabajadores migratorios indocumentados es el ahogamiento en el canal All American y en los afluentes del Río Colorado que dividen a la frontera Caléxico-Valle Imperial y Mexicali-Algodones.

En segundo lugar, la insolación, por las altas temperaturas del desierto, que llegan hasta los 50 grados centígrados.

En tercer lugar, las persecuciones encarnizadas que emprenden las diferentes policías tras los vehículos que transportan trabajadores indocumentados, han provocado, en los últimos años, un incremento importante de muertes por accidentes, sin contar los que han tenido las propias patrullas del SIN que transportan indocumentados detenidos.


Cuadro número 4. Las causas de las muertes periodo 1995- julio de1999.

Fuente: Claudia Smith, de California Rural Legal Assistence, con datos del Consulado Mexicano en San Diego, Ca
Nota. No se incluyen 10 centroamericanos y sudamericanos muertos.
Nota: No se incluyen 7 muertes ocurridas en la última semana de julio de 1999.

      En cuarto lugar, las muertes por hipotermia (frío), aunque ya han disminuido sustancialmente, debido al cambio de las zonas de cruce migratorio y de los períodos de cruce. Al parecer, los meses de abril y de agosto son los más fatídicos para los trabajadores migrantes. Es mayor el número de muertes en esos meses.

Las muertes no son privativas de los varones, también las mujeres y los niños han sido víctimas de estas políticas migratorias. En el mes de julio, del presente año, de 40 migrantes que murieron, 3 eran mujeres.

La zona más fatídica, en este semestre, fue la del Valle Imperial, por los desiertos y los canales que hay que cruzar.

Las organizaciones no gubernamentales de la zona llaman a la Operación Guardián, "operación de muerte", por su saldo trágico para los indocumentados.

La política antimigratoria norteamericana ha sido la causa de un incremento importante en el número de muertes también en la zona del Río Bravo. Igual que en Baja California, la dificultad de cruzar por las zonas tradicionales obliga a los migrantes a cruzar por los desiertos y a multiplicar los riesgos. En el primer semestre de 1999 se registraron 93 casos de migrantes fallecidos por diversas causas, entre ellas la insolación y el ahogamiento en el Río Bravo.

En resumen, de enero a junio de este año, han muerto, solamente en las zonas de Baja California y de Tamaulipas, más de 150 personas.

Es importante a destacar la situación por la que pasan los trabajadores migratorios no mexicanos que sufren las consecuencias de estas políticas antimigratorias en México y en EUA. Son combatidos por las autoridades de ambos países. Para darnos una idea del número de indocumentados centroamericanos, sudamericanos y de otras nacionalidades que cruzan por la frontera norte, basta un ejemplo: en el estado de Tamaulipas fueron detenidos este año 3,500; en el sector de MacAllen, en el año fiscal de 1988-1999, fueron detenidos 14, 027 indocumentados no mexicanos, centroamericanos en su mayoría. La cifra contrasta con los 5,682 aprehendidos en 1995.

El centro Scalabrini o Casa del migrante de Tijuana, en lo que va del semestre, atendió a 179 trabajadores migratorios no mexicanos, provenientes de Honduras, Guatemala, Salvador, Nicaragua y otros países.

VIOLACIONES DE LAS AUTORIDADES Y POLICÍAS DE ESTADOS UNIDOS

     Hemos separado las violaciones a los derechos de los indocumentados en cuatro etapas: detención, traslado, condiciones de los centros de detención y deportación.

En la primera etapa, las denuncias de los trabajadores migratorios se circunscriben al mal trato que reciben durante la persecución. Si hay algo que les cause enojo a los agentes del SIN es perseguir a un indocumentado. Cuando ocurre, es casi seguro que el migrante va a sufrir algún maltrato físico o verbal.

En el traslado a los centros de deportación, las mayores quejas de los indocumentados se refieren al hacinamiento en las unidades y, sobre todo, a que no hay agua en los vehículos ni botiquín de primeros auxilios. El hecho ha sido denunciado repetidas veces por la organización no gubernamental de San Diego, California Rural Legal Assistence, desde principios del año. Los monitoreos que efectúa el Frente Amplio Pro Defensa del Migrante refrendan la denuncia.

El hecho tiene importancia porque las zonas por donde cruzan actualmente, el desierto y las montañas, presentan climas extremos que pueden causar deshidratación o hipotermia en los indocumentados.

En respuesta a las denuncias, las autoridades estadounidenses y el gobierno mexicano implementaron un operativo denominado "seguridad fronteriza" que contempló tres aspectos fundamentales: la prevención, la búsqueda y el rescate-identificación de indocumentados. Sus frutos han sido magros y poco efectivos.

Los centros de detención, a pesar de las constantes denuncias de los organismos no gubernamentales sobre la situación que guardan, siguen violando los derechos humanos. Las quejas más frecuentes de los indocumentados se refieren al hacinamiento, a la falta de alimentos y de agua, a las condiciones insalubres y a los excesos en la temperatura del clima artificial, que llegan a enfermar de resfrío a muchos de los deportados.

Finalmente, las condiciones en que se efectúan el proceso de traslado y la deportación por las garitas mexicanas también distan mucho de tener forma humana. En primer lugar, los camiones casi siempre tienen sobrecupo y viajan a grandes velocidades, lo cual provocan golpes en los migrantes. Lo que es peor, van esposados en grupos de cuatro, como si fueran criminales.

El encadenamiento fue denunciado múltiples veces por las organizaciones mexicanas ante los medios de comunicación locales e incluso ante las autoridades mexicanas. Esas medidas se suspendieron temporalmente. Pero, a últimas fechas, las prácticas violatorias se volvieron a implantar.

     Hay otro aspecto importante relacionado con la deportación: los agentes del SIN les retienen a los trabajadores migratorios sus documentos de uso personal. Se estuvo observando, durante estos meses, a los agentes del SIN, que les retenían el acta de nacimiento o la credencial de elector. Eso pone a los migrantes deportados en una situación aún más vulnerable ante las autoridades locales, porque los tratan como vagos y malvivientes por no portar documentos de identificación.

En la ciudad de Tijuana, el Centro de Apoyo al Migrante (CAM), ha documentado 21 quejas, solamente durante los meses de junio y julio del presente año, por presuntas violaciones a los Derechos Humanos de ciudadanos(as) mexicanos(as) en su intento por ingresar a los Estados Unidos. Las autoridades denunciadas con mayor frecuencia son la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Naturalización, y los hechos denunciados son: trato inhumano, cruel y degradante; agresión física y reclusión inhumana y degradante, entre otras.

Cabe hacer notar que, en los últimos cuatro meses, el Centro de Apoyo al Migrante (CAM) ha registrado un agravamiento en las condiciones de aprehensión, detención, traslado y deportación de los trabajadores migrantes mexicanos, lo que ha dado motivo que se registren 100 denuncias en el periodo de enero a julio de 1999, en donde la institución más denunciada fue la patrulla fronteriza, el SIN, la policía municipal y los puntos de revisión para detección de droga, llamados PRECOS. Resalta que los responsables denunciados son las mismas autoridades migratorias de los E.U. que cometen serias violaciones de sus derechos humanos y las diferentes policías locales No se vislumbran avances en el cumplimiento de los diversos acuerdos pactados entre México y ese país.

Los Centros de Apoyo al Migrante de las ciudades de Nogales, Sonora y Reynosa, Tamaulipas, también reportan una serie de violaciones a los derechos humanos de los trabajadores migrantes, entre las cuales se encuentran, amenazas e insultos, repatriación sin recuperación de bienes personales y cancelación de documentos injustificadamente, abuso de autoridad y extorsión, golpes y lesiones, robos y, lo que es peor, abuso sexual de mujeres. Todas estas denuncias han sido canalizadas a Instituciones de derechos humanos, como las comisiones estatales y la Comisión Nacional de derechos Humanos.

De enero de 1997 a julio de 1999, el CAM de Nogales, Sonora, reporta 125 denuncias contra diferentes autoridades, entre ellas las que más denuncias reciben son el SIN, la patrulla fronteriza, la judicial federal mexicana y la policía municipal.

En el mismo periodo el CAM de Reynosa, Tamaulipas, reporta 266 denuncias que fueron canalizadas a las instancias correspondientes. Las autoridades más denunciadas fueron: la patrulla fronteriza, el SIN, policía municipal y judicial.

Creemos que la mayoría de las quejas de los migrantes nunca se formalizan por diferentes motivos: a) una enorme desconfianza en las autoridades y las leyes de parte de los migrantes porque, en su experiencia, las autoridades y las leyes no existen para proteger a la persona sino para condenarla y explotarla; b) los migrantes tienen miedo de hablar porque los amenazan y no quieren meterse en problemas; c) no se le da la oportunidad de presentar un caso - por ejemplo, los otros testigos de la violación por parte de la Patrulla fronteriza son deportados, expeditamente, para que el migrante se quede solo y al final es su palabra contra la de un oficial del gobierno norteamericano - o no se les permite antender su caso y sus derechos porque no hay traducción en español. Muchas veces los tiempos para presentar los casos son tan largos que los mismos migrantes se desesperan en los centros de detención y prefieren escoger la opción de la repatriación voluntaria; d) porque la gente está tan acostumbrada a aguantar violaciones de sus derechos que ya la considera como algo normal.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS: LA ACTITUD DE LAS AUTORIDADES MEXICANAS

     Es un hecho que, durante este primer semestre de 1999, las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores migratorios, cometidas por las autoridades policiacas locales, Policía Fiscal, Autoridades migratorias y Registro Civil, han venido en aumento.

La procuraduría de los derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California ha resumido las denuncias bajo los conceptos de homicidio, lesiones, abuso de autoridad, detención arbitraria, empleo arbitrario de la fuerza, discriminación, libertad de tránsito y derechos de la niñez.

Ha sido constante que las policías preventivas municipales acosen a los indocumentados deportados en los primeros cuadros de las ciudades fronterizas. Sin ningún criterio, los amenazan y los detienen por no portar documentos de identificación. Se les considera indocumentados en su propio país.

Es frecuente también que a los migrantes, por su forma de vestir y andar cerca de las zonas del cruce fronterizo, se les detenga y se lleven a cabo revisiones públicas a sus personas, lo que reflejan actitudes denigrantes y discriminatorias.

En los monitoreos efectuados por el Frente Pro Defensa del Migrante en Mexicali, durante el mes de marzo del presente año, se pudieron captar testimonios de presuntos indocumentados que habían sido extorsionados, insultados y hasta agredidos físicamente por las autoridades de la localidad. En ese informe se destacó la actitud de los soldados apostados en la Rumorosa que, según los indocumentados, los agreden cuando pasan por los retenes.

De singular importancia es el papel que cumplen los retenes (de federales, judiciales, Precos, etc.) en el camino de los migrantes hacia la frontera norte. Según los testimonios de muchos de ellos, en la Casa del Migrante en Tijuana, los retenes se han trasformado en lugares de robo y extorsión sistemática de los mismos ciudadanos mexicanos que quieren migrar. Sin hablar de casos en que los mismos militares les han robado a los migrantes.

Durante este semestre, también ha sido notoria la agresividad de la Policía Fiscal Federal apostada en la ciudad de Mexicali que, asumiendo funciones que no le corresponden, ha actuado contra trabajadores migrantes, y ha llegado incluso a matar a algunos de ellos. Este último aspecto, lamentable por supuesto, demuestra el poco respeto al derecho a la vida y la falta de preparación de estas autoridades, para atender en esta zona de cruce fronterizo, los casos en los que se ven inmiscuidos los migrantes en los intentos de cruzar hacia Estados Unidos.

Resulta lamentable que en la zona o puerta de deportación, en la que son recibidos los trabajadores migrantes, las autoridades migratorias mexicanas desempeñen una función de "filtro" al no permitir la recepción de migrantes centroamericanos, situación que constituye un acto discriminatorio.

Esa misma situación observaron las organizaciones que integran la Coalición Pro Defensa del Migrante y el Centro de Apoyo al Migrante, de la ciudad de Tijuana. Todo indica que no se trata de un hecho aislado y revela la poca preocupación de las autoridades gubernamentales por respetar los derechos humanos de los trabajadores migratorios.

Estas mismas situaciones coinciden, o se repiten de manera extraordinaria, en ciudades como Nogales y Reynoso, como lo muestran las estadísticas de los Centros de Apoyo al Migrante apostados en esas ciudades.

En el caso de los trabajadores migratorios centroamericanos, resulta ilustrativo la violación a los derechos de la niñez por parte de las autoridades mexicanas, al exigir a los padres que han tenido hijos en territorio mexicano, documentos que acrediten su calidad migratoria para poder otorgar el registro de sus hijos, confundiendo una situación administrativa con los derechos de la niñez para ser registrada, tener un nombre y una nacionalidad. Esto lo ha venido reportando la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California.

En la zona del Río Bravo, en Tamaulipas, la situación se torna parecida, según reporta el Centro Fronterizo Pro Defensa de los Derechos Humanos en Reynosa (CEFPRODHAC). Ahí existen denuncias, principalmente de jóvenes migrantes, sobre la extorsión de que han sido objeto por parte de las policías ministeriales que, en vez de brindarles apoyo, protegen a los "pateros". Pero el mayor porcentaje de vejaciones y robos es cometido por elementos de las policías preventivas, sin que ninguna autoridad actúe en contra de los agentes infractores.

Son innumerables los casos de robo, extorsión, encarcelamiento por vagancia, abuso sexual, golpes y hasta homicidios, que frecuentemente quedan en la impunidad.

En algunas ciudades de la frontera norte se han formado cuerpos policíacos especiales para proteger supuestamente a los migrantes. Pero también tienen y cumplen la función de disuadir a los compatriotas para que no crucen hacia Estados Unidos, sobre todo por las zonas inhóspitas. Ese es el caso de los grupos llamados Beta, o el grupo "Talón de Aquiles" de Nogales, Sonora.

En el caso de los grupos Beta de la zona de Tijuana-San Diego, han defendido a los migrantes de la policía municipal, judicial, o de los mismos militares, y también protegido a migrantes centroamericanos en la frontera norte sin entregarlos al INM para ser deportados. Nuestra impresión sobre la labor de este grupo en la zona, es que no ha recibido del mismo gobierno mexicano el apoyo que merece para cumplir con su trabajo, que es estrictamente de protección al migrante.

Los grupos defensores de los derechos humanos de los migrantes que se encuentran en la frontera, han estado librando una lucha para que se respeten los derechos de estos trabajadores como lo estipula la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Trabajadores Migrantes y sus Familiares14 .

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