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"EL DESAFÍO DE LA INSEGURIDAD EN LA FRONTERA DE TIJUANA"
Para enfrentar el crimen. Es necesario partir de la premisa de que únicamente con la aplicación de la ley y la certeza de una sanción justa y efectiva se podrá reducir la criminalidad en nuestras sociedades. Aunque no de forma automática, la sanción disuade a los delincuentes potenciales al mostrarles que los delitos realmente se castigan, y además aísla en una prisión a los delincuentes impidiendo así que reincidan en su obrar criminal. Esto requiere que se sancione la mayoría de los casos. Porque si sólo se aplica excepcionalmente, pierde su función preventiva. Se requiere también la pronta aplicación de la pena. Porque la prolongada dilación de la justicia, además de producir una sensación de impunidad, permite que los malhechores sigan cometiendo nuevos delitos. La demora excesiva puede dar lugar también a la prescripción de la acción penal. Una mejor procuración de justicia. Son numerosos los pasos que hay que dar para reducir la inseguridad. Los gobiernos han puesto en marcha un amplio abanico de estrategias que incluyen, entre otras, medidas represivas y sociales. Sin embargo, las respuestas políticas frente a este enorme desafío son, en la mayoría de los casos, insuficientes. La respuesta eficaz va mucho más allá de las estrategias policíacas y han de tener en cuenta la relación estrecha entre violencia-inseguridad con los problemas de desarrollo, pobreza, democracia, capital social, desigualdad y exclusión social. Una cosa es clara: medidas puramente represivas no tienen gran efecto. En el ámbito de la seguridad pública, las políticas y las estrategias deben ser duraderas y bien enfocadas.
No se trata de importar ideas o programas sin un estudio previo del contexto cultural y político. Es de suma importancia la coordinación entre las instituciones involucradas y la participación de los ciudadanos. Sin embargo, nuestros gobiernos no disponen de las capacidades suficientes para responder a las grandes demandas acumuladas desde abajo, carecen de los necesarios recursos económicos y sociales, y siguen practicando en su mayoría políticas públicas muy discrecionales. Hace falta, en definitiva, una refundación institucional, otro estilo de hacer política y una ciudadanía más participativa. Urge atender a los factores económicos y educativos que inciden en la criminalidad. Es indispensable impulsar la capacitación y profesionalización de los agentes policiales, en todos los niveles. Proporcionarles salarios justos y suficientes prestaciones y otorgarles estímulos en el cumplimiento sobresaliente de su deber. Se requiere también que el Ministerio Público se transforme en una institución que procure justicia con eficiencia, honestidad y prontitud. Para lograrlo es necesario impulsar una selección escrupulosa de los aspirantes. El uso de los más avanzados instrumentos periciales para apoyar las investigaciones y el empleo de la tecnología digital para el manejo de expedientes. Enigmas y esperanzas John Bailey, en el artículo antes citado(11), parte del atentado insólito que, el pasado veinticinco de abril, sufrió el secretario de seguridad del Estado, cuando un comando de más de veinte pistoleros disparó 600 balazos y lanzó una granada de mortero contra su automóvil. Examina también el ataque del 3 de mayo en el que cinco hombres armados irrumpieron en pleno día al edificio de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo y asesinaron a un agente de la Agencia Federal de Investigación. "Uno no se sorprende, comenta Bailey, al ver una encuesta que señala que el 84% de los tijuanenses afirman sentirse inseguros, según la nota del periódico Frontera (Mayo 9, 2006)". Esta impactante realidad nos plantea diversos enigmas. "El primer enigma es si los ataques fueron consecuencia de un aumento de la efectividad de la policía en contra del crimen organizado, o si representan un infame "ajuste de cuentas". El semanario Zeta, del 5 de mayo, sugirió que el modus operandi en el atentado a los agentes federales apuntaba a un conflicto entre las unidades policíacas. El segundo enigma se refiere a la constante participación de elementos de la policía municipal y del Estado en operativos criminales relacionados con el secuestro y el tráfico de drogas. Bailey señala que "se trata de un tema delicado e importante". Considera la facilidad con que las unidades policíacas pueden ser corrompidas. "La policía opera normalmente fuera del ojo público, con una discrecionalidad bastante amplia en cuanto a la aplicación de la ley y una exposición frecuente a situaciones peligrosas". Recuerda que en diversos países latinoamericanos algunos elementos policíacos "están involucrados en el crimen organizado y se han resistido a una reforma efectiva por bastante tiempo".
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