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México: ¿seguridad pública o estado policial?
La narcoviolencia, la criminalidad creciente, la impunidad y la corrupción son el mayor peligro que hoy enfrenta México. Son problemas que representan el mayor desafío para las instituciones democráticas del país. Para abatir estos males es necesario contar con gobiernos fuertes y honestos que traten la seguridad pública como política de Estado y no como un programa sexenal de gobierno, menos aún como un asunto estrictamente policial. Cuando los gobiernos fallan en esta responsabilidad, la sensación de inseguridad invade a la sociedad sin que nadie lo pueda evitar, sobre todo en tiempos de alta criminalidad como actualmente sucede en todo el país y especialmente en Baja California(2). Quien gobierne al país a partir de diciembre de 2006, va a heredar un ambiente de inseguridad que se manifiesta en UN MILLÓN 500 MIL delitos que se denuncian en promedio cada año(3); más de 200 mil presos hacinados en cárceles mal equipadas y con pocos recursos; más de 350 mil policías municipales, estatales y federales en su mayoría mal seleccionados, mal capacitados y mal pagados; fuerzas armadas que en los últimos cinco años han registrado una deserción4 de 100 mil militares; elevados niveles de impunidad; así como insuficiente coordinación entre los sistemas de prevención, seguridad pública, investigación de delitos, administración de justicia y reclusión; inercias burocráticas; corrupción5; leyes penales que no logran los resultados que se proponen y una sociedad desconfiada y con poca credibilidad en las instituciones. Ni más ni menos, esta es la herencia que dejan el PRI y el PAN. Cuando la violencia criminal le impone su agenda al gobierno, estamos ante un elevado riesgo de ingobernabilidad y la consecuencia es la percepción de que los gobernantes han perdido capacidad para asegurar el orden público(6). Esto es lo que sucedió en el país durante los últimos sexenios del PRI y el actual del PAN. Es decir, la violencia criminal logró imponerle su agenda al gobierno y a la sociedad, provocando que millones de mexicanos se sientan amenazados en su integridad personal y en su patrimonio(7). Lo paradójico es que los crímenes y los delitos no disminuyen, a pesar del aumento extraordinario en el número de arrestos de delincuentes y sobre todo, muy a pesar del notable crecimiento de la población penitenciaria. Este crecimiento del número de presos es otra característica de los últimos sexenios. Tal vez se pensó que a más delincuentes recluidos en las cárceles, los delitos deberían disminuir proporcionalmente, pero no es así. Todo indica que los problemas sociales, económicos y políticos que por largo tiempo han aquejado al país(8), provocaron que las conductas criminales se multiplicaran a mayor velocidad en relación con el arresto y encarcelamiento de delincuentes(9). En necesario reconocer que quienes viven del delito, lo hacen como medio para asegurar su lugar en la pirámide social e "incluso para ascender en ella"(10), tal como sucede con las actividades económicas formales. Con este incentivo, la inseguridad seguirá siendo un grave problema, aún cuando se aumente el número de policías o se duplique la población recluida en los penales del país, como sucedió entre 1994 y 2004. El sexenio de Ernesto Zedillo registró el mayor incremento de presos en la historia reciente, ya que inició con una población penitenciaria de 86,326(11) presos y terminó con 154,765 en diciembre de 2000. Esto representó un aumento del 79 por ciento en el sexenio. En las administraciones anteriores de Carlos Salinas y de Miguel de la Madrid, el aumento de presos fue del 30 y 33 por ciento respectivamente(12). Durante el gobierno de Vicente Fox, la población penitenciaria ha registrado un aumento del 29 por ciento para alcanzar un total aproximado de 203,600 presos a junio de 2005 distribuidos en las 450 cárceles con que cuenta el sistema penitenciario(13). Lo anterior de conformidad con el V Informe de Gobierno presentado en septiembre de 2005. Considerando solamente los países con 100 millones de habitantes o más (son 7 países), resulta que México se coloca en el tercer lugar con más presos por cada 100 mil habitantes, después de EEUU y Rusia. De tal forma que México registró en 2005 una población penitenciaria en el orden de los 192.2 reclusos por cada 100 mil habitantes, ubicándose en niveles superiores al promedio mundial que, según la ONU es de 140.0 presos por cada 100 mil habitantes.
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