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México: ¿seguridad pública o estado policial?
- II - EL NARCOTRÁFICO LA GOBERNABILIDAD AMENAZADA Es importante reconocer que las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, son una carga que asfixia la vida democrática y la gobernabilidad del país por su impacto negativo en la gente, en el gobierno, en la economía y en la política(16). Es por esto que el poder de estas organizaciones no debe medirse sólo por la violencia criminal que le imponen al Estado y a la sociedad(17), sino además por su capacidad de corromper policías, ministerios, jueces, legisladores, autoridades municipales(18) y estatales, banqueros, políticos, etc. Más aún, el poder de estas organizaciones criminales igualmente debe medirse por su enorme capacidad para organizar procesos de lavado de dinero que en distintas regiones del país se imponen sobre la economía formal(19). Perseguir al narcotráfico es sin duda la responsabilidad de las corporaciones policiales. Procesar y sentenciar a los narcotraficantes es tarea de jueces honestos, eficientes y comprometidos(20). Prevenir el impacto negativo de las drogas en la sociedad y principalmente en niños y jóvenes es tarea de todos(21). Y en el caso de los gobernantes, legisladores y políticos en general, su responsabilidad primordial es garantizar la gobernabilidad de nuestro sistema democrático, en medio de esta guerra en contra de las mafias del narcotráfico. Por supuesto que se debe reforzar el combate al narcotráfico, pero con estrategias que respondan en primer lugar a los intereses de la sociedad y del Estado mexicano, evitando toda subordinación, especialmente a los objetivos muy particulares de los Estados Unidos(22). No se debe olvidar que tratándose de sus intereses geopolíticos(23), el gobierno norteamericano ha utilizado a su favor el tráfico de drogas, de armas y el blanqueo de dinero(24) sobre todo para generar recursos destinados a financiar intervenciones en contra de gobiernos contrarios a su política internacional. México no es más que un eslabón en el mercado mundial de las drogas ilegales. Para conocer la dimensión de este mercado en el mundo, debemos recordar que durante 2003 se registró un movimiento global de 322 mil millones de dólares(25), lo que equivale al 47.5 por ciento de nuestro PIB nacional del año 2004(26). Por lo tanto, resulta evidente que ante el poder económico del narcotráfico internacional y la "vocación" de los Estados Unidos por dirigir la lucha contra el tráfico de drogas, el próximo presidente de México deberá tener claro, que con independencia de la tarea policíaca, judicial y diplomática en contra de las organizaciones del narcotráfico, lo más importante será consolidar y profundizar nuestra incipiente democracia a fin de eliminar al máximo los problemas económicos, sociales, culturales y políticos que han convertido a nuestra sociedad en campo fértil para la violencia y el crimen. Lo que hoy vive el país con enfrentamientos y ejecuciones, que van en aumento durante 2006, representan verdaderas vendettas que dejan cientos de atentados por todo el territorio nacional, incluyendo por supuesto a la frontera. Un caso reciente fue el atentado en contra de elementos del AFI en su propio cuartel, registrado en Tijuana el pasado 3 de mayo, en el que fue ejecutado un agente federal, resultando herido otro más, al igual que el asalto con armas de alto poder y granadas en contra del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Baja California, a finales de abril del presente año. Los jefes de estas mafias se disponen a todo lo que sea necesario con tal de apoderarse del mayor territorio posible para expandir su poder(27). Esta es una lucha sin cuartel que se propaga por todo el país, principalmente por la poca eficacia, mala coordinación y complicidades de las instituciones de seguridad y no tanto por los "...golpes que el Estado mexicano ha dado en contra de estos grupos criminales", como lo afirma la PGR(28). Para restarle poder al crimen organizado se requiere dar golpes certeros a la corrupción y a las redes de complicidad de malos servidores público y de políticos que protegen o se asocian con el crimen. Igualmente es importante atacar las rutas del dinero y al tráfico de armas. Este es el camino más directo para debilitar a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Ante esta realidad que tiende a agravarse más en esta época de campaña presidencial, debemos de considerar diversos escenarios que nos pueden acercar al posible origen de esta escalada de violencia: 1. El primer escenario tiene que ver con la derrota del PRI en las elecciones del año 2000. Este hecho debilitó las complicidades políticas, policíacas, militares y judiciales del viejo régimen, propiciando que se desarticularan las redes de protección y contubernio que se generaban en el interior del propio gobierno a favor de determinadas organizaciones criminales al tiempo que se perseguía a otras(29). Este juego de intereses del viejo régimen con el crimen organizado, a fin de cuentas establecía un equilibrio en el enfrentamiento entre las organizaciones criminales e imponía ciertas reglas en cuanto a la distribución del territorio, sobre todo en la frontera con los Estados Unidos(30). Se podría afirmar que el viejo régimen no solamente toleró y solapó al narcotráfico, sino que realmente le dio acceso a las estructuras de poder económico y político. 2. Un segundo escenario, tiene que ver con los diversos grupos de la vieja clase policíaca y de los militares, que han sido reclutados por las organizaciones criminales procediendo ahora con extrema violencia en contra de los cuerpos de seguridad a los que pertenecieron, seguramente a causa de su resentimiento y deseo de venganza. Los partidos políticos demócratas y sus candidatos, deben prever las consecuencias de este ambiente de inseguridad, y asumir el riesgo de que una parte del electorado podría votar a favor del PRI asumiendo que se trata del partido con mayor "experiencia" en el control de la criminalidad. Igualmente habrá electores que desalentados y desmotivados por la violencia criminal que vive el país, decidan abstenerse en las elecciones del próximo 2 de julio. Esto exige desarrollar las estrategias necesarias para evitar en lo posible, que este ambiente de inseguridad influya en el ánimo de los electores y se distorsione el próximo proceso electoral.
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