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LA FRONTERA ESTADOS UNIDOS-MÉXICO: UNA ZONA DE GUERRA
Benedicto Ruíz Vargas
De la depresión a la prosperidad
Si las primeras décadas del siglo XX habían transcurrido en una relativa calma en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, alteradas en parte sólo por aquellos remanentes expansionistas que abrigaban algunos grupos de la sociedad norteamericana que insistían en ampliar sus fronteras, las décadas siguientes se van a caracterizar en todo su esplendor por una contradicción que acompañará la política estadounidense en los tiempos que vendrían: su necesidad de mano de obra barata, es decir, de trabajadores mexicanos, y su expulsión cuando no se requerían o cuando la economía del país pasaba por malos momentos.
Esta época se inaugura en los años treinta, en plena depresión económica en Estados Unidos, que llegó también acompañada por sentimientos de inseguridad y preocupación por el desarrollo del fascismo y el comunismo en algunos países europeos. En el marco de la crisis, el Servicio de Inmigración puso en marcha un conjunto de medidas para deportar a los inmigrantes sin documentos y, de alguna manera, alentar a su vez la deportación de la población de origen mexicano con residencia legal. "Se emplearon varios procedimientos, como la suspensión de los pagos de beneficiencia o subsistencia, para alentar a los residentes legales a que abandonaran el país 'voluntariamente'. A los mexicanos que solicitaban ayuda se les refería a varias agencias denominadas 'Oficinas Mexicanas'. El único propósito de estas agencias era retirar a los mexicanos de las listas de pagos de beneficiencia deportándolos del país. Nunca se tomó en cuenta la posibilidad de que fueran ciudadanos de los Estados Unidos".5
Algunas fuentes estiman que en esta década se expulsaron cerca de 200 mil personas, la mayor parte de ellas mexicanos. Moore señala que nada más entre 1930 y 1934, más de 64 mil extranjeros de origen mexicano fueron deportados de Estados Unidos sin procedimientos formales. Esta repatriación junto con la drástica reducción de la inmigración, "bajó la población de origen mexicano residente en los Estados Unidos de 639 mil en 1930, a poco más de 377 mil en 1940".6
Pero la depresión económica pronto quedó atrás y en su lugar se interpuso una época de prosperidad acarreada, paradójicamente, por la Segunda Guerra Mundial. El conflicto bélico requirió de nuevo de amplios contingentes de mano de obra para atender actividades ligadas al mismo conflicto, pero en especial para sostener las actividades agrícolas y de servicios. En esa situación, en 1942 el gobierno norteamericano inaugura con México el Programa Bracero, lo que significaba permitir la contratación temporal de trabajadores mexicanos. "Los empresarios [estadounidenses] alegaban que no había suficientes trabajadores nacionales, y que los norteamericanos nativos no estaban capacitados, y eran menos eficientes, para desempeñar el trabajo agrícola que obligaba a mantener el cuerpo encorvado".7 El Programa Bracero llevó a Estados Unidos, entre 1942 y 1964, un promedio de más de 200 mil trabajadores mexicanos anualmente, concentrándose la mayoría de ellos en los estados de Texas, California, Arkansas, Arizona y Nuevo México.8
El auge de la migración alentada por el Programa Bracero se extendió hasta la Guerra de Corea (1950-1953), pero era una etapa que estaba llegando a su límite. Al concluir este último conflicto, la economía de Estados Unidos acusaba nuevamente un agudo problema de desempleo, lo que incentivaba los ánimos para expulsar otra vez a los trabajadores mexicanos. Para llevar a cabo esta meta el gobierno norteamericano organizó la famosa "Operación Espalda Mojada" entre 1953 y 1954. Mediante este operativo, "las aprehensiones efectuadas alcanzaron la cifra de 875 mil en el año fiscal de 1953 y la enorme cifra de un millón 035 mil 282 personas en 1954. En cinco años fueron descubiertos y expulsados inmigrantes mexicanos ilegales por un sorprendente total de 3.8 millones. Únicamente a 63 mil 515 se les deportó con procedimiento formal; a los demás simplemente se les removió bajo la amenaza de deportación. A la mayoría no se les envió a la frontera; con la cooperación del gobierno de México, se les envió a puntos cercanos a sus hogares".9
Los ánimos antiinmigrantes y la presión de los trabajadores sindicalizados condujeron de nuevo a una revisión de la legislación migratoria en Estados Unidos. Esto dio lugar a la famosa Ley McCarren-Walter de Inmigración y Nacionalidad de 1952, la cual, a pesar de la hostilidad hacia la migración mexicana, siguió conservando el sistema de cuotas por país de origen. En realidad, "todas las leyes de inmigración dejaron rendijas que permitían la importación de trabajadores mexicanos, aun cuando el objeto principal de estas leyes era el de restringirla. Tanto la Ley de Inmigración de 1917, como la Ley McCarren-Walter, tiene este tipo de excepciones y proporciona un mecanismo administrativo bien desarrollado para controlar el flujo de trabajadores. Según el propósito del Congreso, las rendijas podrían abrirse o cerrarse administrativamente".10
No obstante esto, las presiones contra la inmigración mexicana alcanzaron tal dimensión que el gobierno norteamericano canceló de manera unilateral el Programa Bracero un 31 de diciembre de 1964. Su legado fue haber sentado las bases para la construcción de amplias redes entre los migrantes mexicanos que continuaron cruzando hacia los Estados Unidos, compartiendo experiencias e información sobre las ofertas laborales en el país vecino, amén de un conjunto de medidas de apoyos recíprocos para internarse en aquel país.
Al año siguiente de la cancelación del Programa Bracero, en 1965, el Congreso norteamericano modificó el Acta de Inmigración y de Nacionalidad de 1952 para abolir el sistema de cuotas de la inmigración europea, que databa de los años veinte y había sido revisada a principios de los cincuenta, como hemos visto. Sin embargo, la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 estableció un límite de 120 mil inmigrantes anuales para todos los países del Hemisferio Occidental. Las fuerzas que dominaron en el debate de esta ley fueron los poderosos hombres de negocios del noroeste de Estados Unidos, que criticaban a su contraparte del sudoeste por utilizar mano de obra barata; el mismo papel jugaron las agencias locales y estatales de bienestar social y los sindicatos. Cuando Joan W. Moore escribió su libro anotó de manera premonitoria que aquella situación "creó una nueva atmósfera de control sin precedentes: la 'cercana y amistosa' frontera, había desaparecido, quizás para siempre".11
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