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"EL DESAFÍO DE LA INSEGURIDAD EN LA FRONTERA DE TIJUANA"
Añade el investigador que, en la práctica, se ha invertido el principio de persecución pública de los delitos para dar lugar a su "privatización", pues, ante la pasividad de la autoridad responsable, el avance de la investigación depende en gran medida del interés personal y la paciencia de la víctima de un delito. "Desde los procuradores hasta los más modestos servidores públicos, los funcionarios encargados de la persecución de los delitos están convencidos de que el ciudadano que ha sufrido un delito es el único interesado en el trámite de la averiguación previa. Entre esos servidores públicos se ha vuelto clásica la frase: "al que le urge, le urge". En consecuencia, se ha generalizado entre los ciudadanos la sensación de encontrarse indefensos ante el crimen(10). Se trata de una grave preocupación que expresa una situación crítica respecto de la seguridad pública. Es razonable sostener, por tanto, que existe una correspondencia entre la generalizada "percepción de inseguridad" y los datos que arroja la dura realidad. Repercusiones de la inseguridad La Primera Encuesta Nacional sobre Inseguridad Pública ha mostrado también que más del veinte por ciento de la población mexicana ha cambiado sus hábitos de vida por la inseguridad que se percibe. Esto supone un importante deterioro de la calidad de vida y un grave resquebrajamiento de la cohesión social. El impacto de la inseguridad en nuestro Estado ha generado consecuencias extremadamente importantes. La primera hace referencia a la proliferación de empresas privadas de seguridad, al incremento en la oferta de artículos de autodefensa, el crecimiento en la contratación de seguros en contra de robos. Esta reacción demuestra que un importante número de personas -en especial aquellas que tienen posibilidades económicas- han trasladado a la esfera privada sus expectativas de obtener protección frente a una alta probabilidad de verse afectado por los delincuentes. Esta forma de privatización de la seguridad, alienta el incremento de la desigualdad social frente a un servicio que debe ser público y general. Contribuye, además, a difundir el juicio negativo y los sentimientos de desconfianza frente a las instituciones encargadas de la seguridad en el Estado. Puede afirmarse, por lo tanto, que la inseguridad creciente provoca el deterioro en la percepción de la idoneidad del Estado para "hacerse cargo" de la prevención y del control de la criminalidad. Puede llegar a suponerse una pérdida de legitimidad en torno a las expectativas de los ciudadanos acerca de la esfera de intervención del Estado. Es también muy probable que estas tendencias de opinión pública lleguen a afectar las políticas de control del crimen y los proyectos orientados a disminuir las brechas sociales (políticas educativas, sociales, sanitarias, de empleo, etc.). Una segunda opción parece tentar a aquellos que se sienten amenazados por la incontrolable inseguridad: se marchan hacia Estados Unidos para sentirse más seguros; se organizan con sus vecinos para vigilar de manera independiente sus negocios o sus casas habitación; en algunos casos, se hacen justicia por su mano propia; otros piden la pena de muerte para los delitos. Tal situación puede llegar también a cuestionar la legitimidad del Estado para "hacerse cargo" del conflicto social, desalentando gravemente la confianza sobre las instituciones democráticas. Lo palpamos en el actual proceso electoral: un alto porcentaje de mexicanos se manifiestan indiferentes o hasta "inconformes" con el funcionamiento de la democracia.
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