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"EL DESAFÍO DE LA INSEGURIDAD EN LA FRONTERA DE TIJUANA"
La reflexión de Bailey termina describiendo sus impresiones positivas sobre la lucha contra el crimen en Baja California : Desde 1998, nuestro Estado es líder y pionero en el programa de enseñanza de la cultura de la legalidad en las escuelas públicas. La Secretaría de Seguridad Pública estatal muestra un "alto nivel de profesionalismo y buena calidad de los datos sobre tendencias delictivas". El Estado cuenta también con un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública que ejerce un "liderazgo efectivo y de demandas enfáticas por una respuesta federal más efectiva a la crisis de Tijuana ". Existen activistas de derechos humanos dedicados a combatir la inseguridad. "Me quedé, afirma este investigador, con la impresión de que la sociedad civil está empezando a despertar, aunque más bien lentamente, y jugará papeles más importantes en el futuro". En estos días, el presidente del Consejo, Alberto Capella Ibarra, acompañado de representantes de organizaciones civiles han acudido a la capital del País para reclamar de manera urgente la intervención del Gobierno federal, "porque, afirman, hay una justificada preocupación por la ola de asesinatos, secuestros y extorsiones, atribuibles a la llamada "delincuencia organizada", generalmente ligada al narcotráfico, que opera impune y agrede incluso a las propias autoridades estatales y municipales"(12). En resumen, concluye, "aunque gran parte del panorama de seguridad es oscuro, hay destellos de luz que podrían volverse más fuertes en el futuro". Perspectivas y conclusiones La experiencia del secuestro y del asesinato que se han afincado en nuestra ciudad nos lleva a afirmar, sin lugar a dudas, que los habitantes de esta frontera vivimos inmersos en una lucha constante entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Juan Pablo II afirmaba, que se está perdiendo el sentido de la sacralidad e intangibilidad de la vida humana. Esto es muy serio, pues está generando una grave pérdida de conciencia social, en la que ya no se cree en el valor fundamental del ser humano. Y forja sentimientos y actitudes de indiferencia, de violencia y rechazo ante el don de la vida. La violencia en Tijuana posee claros los síntomas de una epidemia criminal que se retroalimenta. Este fenómeno, sumado a los patrones de las muertes violentas, muestra la fuerza y predominio del crimen organizado. Factores muy distintos a la pobreza y a las condiciones sociales desfavorables son los que explican el aumento de la criminalidad de nuestro entorno. Tal vez el más importante de ellos es el que tiene que ver con el mal funcionamiento del sistema penal de la justicia. Es esta una de las principales causas que afectan la incidencia del crimen en nuestras ciudades. Hay una relación interna entre el "desorden jurídico" y la criminalidad. Lo que está ocurriendo, en el crecimiento del crimen, no concuerda con las principales teorías que han inspirado a nuestra política de seguridad y por ello se ha agrandado su ineficiencia. Tanto el aumento de la criminalidad, como su estructura espacial, parecen no adecuarse bien a la idea tan arraigada de que la pobreza, la inequidad, la falta de educación y de oportunidades son los factores determinantes del crimen. Otra lección que tenemos que aprender hoy es el impacto negativo que puede tener la violencia sobre el funcionamiento del sistema de justicia. Diferentes teorías acerca del crimen organizado predicen interrelaciones y mecanismos de retroalimentación entre la presencia de mafias y la inoperancia de los sistemas penales de justicia en una sociedad. El ambiente de amenazas y de corrupción que reina alrededor de los procesos penales sugiere que en un país como el nuestro el sistema penal de justicia puede no ser independiente de quienes debería combatir. Los procesos de infiltración, corrupción y amenazas tanto a la policía como al poder judicial que se han dado en las etapas de consolidación de las organizaciones criminales se repiten constantemente en todos los ámbitos que deben enfrentar una criminalidad ya consolidada. Un gran temor a las represalias afecta el compromiso de los ciudadanos de poner en conocimiento de las autoridades la comisión de los delitos. Esto alienta todavía más la criminalidad. Los ciudadanos buscan defenderse de los crímenes más con el uso de compañías privadas que con los mecanismos de la seguridad pública en la que no confían.
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