LA INSEGURIDAD PÚBLICA EN TIJUANA Y LOS DERECHOS HUMANOS



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LA INSEGURIDAD PÚBLICA EN TIJUANA Y LOS DERECHOS HUMANOS


Antonio García Sánchez

La inseguridad es un concepto que seguramente a todas las personas les significa una situación incómoda, de preocupación e incertidumbre personal que nos coloca en desventaja ante los demás.

La inseguridad pública ha dejado de ser una expresión para aludir hechos que sólo eran motivo de alguna nota periodística, generalmente vinculada con hechos delictivos. Durante la última década del siglo pasado y lo que va del presente la inseguridad pública se ha convertido en el problema de mayor afectación a la ciudadanía, y al menos declarativamente es el problema de mayor preocupación para el gobierno.

El fenómeno es considerado por las autoridades como un problema de delincuentes, que debe ser atendido mediante acciones de carácter policíaco, un asunto de policías y ladrones, sin embargo la problemática cotidiana expresa una realidad más grave, profunda y compleja.

La inseguridad es un hecho, situación o fenómeno negativo, de ahí que la inseguridad pública se identifica como la afectación negativa a un derecho o conjunto de derechos.

En estas notas trataré de enfocar el tema de la inseguridad pública en Tijuana, vinculándolo con los conceptos de derechos humanos, con la idea de identificar la problemática social que implica un ambiente de inseguridad con la aspiración y necesidad de vivir en una sociedad en la que el respeto y reconocimiento de los derechos fundamentales de la población sea la regla y no la excepción.

Los derechos humanos son un concepto multidimensional, la seguridad pública también debe concebirse en este contexto. El contenido de los conceptos de derechos humanos es el sustento esencial de nuestros derechos constitucionales. Veamos rápidamente algunos de estos.

La Constitución mexicana establece los derechos de los gobernados y los deberes de las autoridades. En su primer artículo dispone que toda persona "gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece." En este concepto se garantiza el derecho a la igualdad y seguridad jurídica. En un sentido amplio podemos afirmar que la idea de seguridad pública tiene que ver con la posibilidad de que el Estado como órgano encargado de garantizar el cumplimiento de las garantías individuales, efectivamente lo haga. La inseguridad pública como fenómeno social tiene entre sus orígenes las acciones de la propia población en su condición de gobernados, pero otra parte importante del mismo fenómeno corresponde al incumplimiento de quienes tienen asignada una función de autoridad, de gobierno, especialmente las autoridades en materia de policía preventiva, actualmente en sus niveles de gobierno municipal, estatal y federal.

Los niveles culturales y educativos de una sociedad tienen estrecha relación con los ambientes de violencia e inseguridad. El discurso de los gobernantes y candidatos en periodos de campaña coinciden reiteradamente en que la educación es la base para el progreso social y el medio para combatir conductas delictivas. El artículo 3º Constitucional dispone que la educación tenderá a desarrollar todas las facultades del ser humano fomentando la solidaridad y la justicia, medio para el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo… Establece además que la educación debe contribuir a la mejor convivencia humana al fortalecer el aprecio a la dignidad de la persona y la integridad de la familia. El sistema educativo mexicano tiene un alto compromiso con el desarrollo cultural de la población, los índices de violencia y delincuencia tienen un vínculo importante con el deterioro de los niveles educativos y prácticas culturales de la nación. Es común escuchar que la violencia e inseguridad pública se debe a la pérdida de valores, y se le reclama a las instituciones escolares el abandono de la educación cívica de los educandos. Sin embargo, es importante destacar que los contenidos de los programas de educación básica (Preescolar, Primaria y Secundaria) atienden de manera importante la formación ética y cívica de los niños y jóvenes como futuros ciudadanos. Este esfuerzo se ha formalizado desde la reforma educativa de 1993, pero efectivamente ello no ha sido garantía de su debido cumplimiento por parte de los docentes encargados de desarrollar los programas educativos. En este sentido aquí existe un punto de gran responsabilidad atribuible al sector social tan importante formado por los educadores desde nivel básico al superior.

 

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February 16, 2015