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LA INSEGURIDAD PÚBLICA EN TIJUANA Y LOS DERECHOS HUMANOS
Así, tenemos que la inseguridad no es un asunto de policías y ladrones, es parte de una realidad más compleja, se relaciona con los temas de la pobreza, desempleo, desigualdad, deserción escolar y analfabetismo, movimientos migratorios internos e internacionales, desconocimiento de normas cívicas, falta de formación ética, desorden en el desarrollo urbano, inaccesibilidad al desarrollo social, deterioro y limitadas prestaciones de seguridad social, modernidad excluyente, discriminación, etc. Estos temas podemos relacionarlos con las causales de delitos menores o no graves que en la última década han registrado un importante aumento. Algunos tipos penales se han modificado para considerarse graves ampliándose con los llamados delitos provenientes del crimen organizado, que por su gravedad tienen un alto impacto social y en esa proporción las autoridades competentes (así se dice) brindan mayor atención, descuidando un seguimiento y proceso adecuado a delitos menores, especialmente en la vertiente de atención a las víctimas de esos delitos, propiciando un caldo de cultivo de mayor inconformidad social. Desde el gobierno y sectores de la sociedad se propone con fuerza sancionar a los culpables con penas más duras, mientras que las propuestas para enfrentar las causas que generan la descomposición social no se escuchan, son débiles y desarticuladas. El desarrollo nacional debe expresarse en las condiciones de vida de la población en el lugar donde vive, produce, estudia, crece y busca la felicidad. El bienestar material deberá reflejarse en mejores relaciones humanas. Una sociedad cosmopolita necesita programas macro, pero ello no significa que estén alejadas de las necesidades cotidianas de la población. La legitimación de las acciones de gobierno es un proceso que se desarrolla en proporción a la percepción de cercanía o lejanía y efecto pronto o lento que la población destinataria tiene de las políticas públicas. Independientemente de los signos partidarios en los gobiernos, generalmente, la ciudadanía ha visto más distantes a los gobiernos federales, y en su esfera más cercana a los gobiernos municipales. La seguridad pública tendría mayor y mejor sentido como concepto integral de seguridad si efectivamente los recursos y medios fortalecieran las políticas públicas municipales, la creación de organismos policíacos de carácter preventivo por los gobiernos estatal y federal no necesariamente han mostrado mayor eficacia y coordinación, se han convertido en blanco del reclamo social y de las acciones del crimen organizado. La participación social con relación a políticas de seguridad pública debe rebasar los límites de los cuerpos policíacos y de procuración de justicia, e imprimir mayor intensidad a las políticas publicas en materia de desarrollo social, educación, vivienda, salud, trabajo seguro y salario digno, esto fortalecerá las bases para superar la visión unidimensional de la inseguridad y seguridad pública. En diversas encuestas nacionales en materia de seguridad pública, la ciudad de Tijuana ha sido señalada como una de las más inseguras. Independientemente de la percepción personal y ciudadana acerca de esta realidad, las autoridades locales cuentan con los datos estadísticos, la información directa de lo que sucede en el territorio municipal. Son entonces las primeras obligadas en entender y atender esta problemática. Como deber de la autoridad municipal, estatal y federal, la seguridad pública es a la vez un derecho constitucional, universal e irrenunciable, a favor de la sociedad. Como derecho humano, hemos afirmado que es un concepto multidimensional. La visión multidimensional de los derechos humanos alude a un conjunto de principios o valores fundamentales que hacen posible ver, entender y vivir en sociedad con mayor justicia y dignidad en la que el centro fundamental sea el ser humano. La dimensión teórica de los derechos humanos establece dos corrientes que conciben como Derechos Humanos aquellos que nos corresponden a partir de nuestra naturaleza humana, misma que requiere de una protección especial incluso por encima de cualquier autoridad. La doctrina iusnaturalista considera que los derechos humanos son absolutos ya que constituyen límites a la autoridad, son inalienables debido a que nadie puede ser privado de ellos, son intemporales porque los hemos tenido antes de la existencia del Estado como órgano de autoridad. Frente a esta corriente de pensamiento el iuspositivismo considera que como Derechos Humanos deben reconocerse solo aquellos que han sido plasmados en una Ley vigente, que precisamente la sociedad organizada políticamente es la que valida tales derechos, al expresar su voluntad mediante sus órganos legislativos, al convertirlos en normas jurídicas que reconocen derechos a los gobernados e impone el deber de protegerlos a las autoridades. Sea cual sea la corriente de pensamiento con la que se coincida, lo cierto es que la seguridad pública como derecho humano, sea derecho natural o norma jurídica positiva, su cumplimiento dista mucho de satisfacer a toda la población, lo que coloca a las autoridades en la necesidad permanente de buscar los mejores mecanismos para su debido cumplimiento.
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